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EJECUCIÓN PENAL Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PENA. HACÍA UNA DOGMÁTICA DE LA PRISIÓN

Pablo Andrés Vacani

Universidad de Buenos Aires – Argentina

RESUMEN:

El trabajo pretende generar una nueva teoría penal relativa a las consecuencias jurídicas del delito, cuestionandoel modo en que se ha estructurado – solo en términos formales- la ejecución penal en forma independiente a las condiciones de castigo. Mientras que las teorías de la cuantificación penal ensayaran la contención de un poderpunitivo que determina certeza en cuanto a la mensura legal, el trabajo viene a sostener que la modalidad ejecutiva de castigo al ser más gravoso altera justamente tales límites que determinaron su imposición y, a la vez, ello permite variar la dimensión cuantitativa. Esta situación exige que aquel proceso de la fase ejecutiva de la pena no sólo se defineen tiempo lineal, sino que éste pueda implicar modificaciones cualitativas susceptibles de revisión en la pena impuesta.

ALABRAS CLAVE:

Pena, ejecución, cuantificación, cárcel

ABSTRACT:

The work aims to generate a new criminal theory regarding the legal consequences of the crime, questioning the way in which criminal execution has been structured – only in formal terms – independently from the conditions ofpunishment. While the theories of penal quantification try to contain a punitive power that determines certainty in terms of legal measurement, this paper argues that the executive mode of punishment, being more burdensome, alters precisely those limits that determined its imposition and, at the same time, this allows the quantitative dimension to bevaried. This situation requires that the process of the executive phase of the sentence is not only defined in linear time, but that it can also involve qualitative changes that can be reviewed in the sentence imposed.

KEYWORDS:

Penalty, execution, quantification, prison

I. Definición del problema

El principio de estructuración de la política penitenciaria de los últimos (al menos veinte) años aparece ajeno a una terapéutica de los sujetos desviados, sino más bien ligada al resultado de una gestión de poblaciones de riesgo,cuya situación de «crisis» es indicada por el propio Estado. Ello avisora directas relaciones entre castigos cualitativamente más gravosos y, por otro, imposibilidades estructurales y subjetivas tendientes a alcanzar la serie derequisitos legales que el proceso de ejecución suele imponer al condenado.

Si algo caracteriza a los sistemas penitenciarios es la evidente disparidad entre el ejercicio programado de poder

–relativo a normas de trato o restricciones de derechos- y la capacidad operativa para garantizar un trato resocializador. No obstante, el reproche por su cumplimiento sólo resulta juzgable a los condenados durante el proceso de la ejecución penal.

En uno y otro aspecto, la administración de justicia durante la ejecución penal no suele responder al modo en que el Estado castiga cuando se trata de analizar las libertades requeridas durante el proceso ni al estado de la unidadpenitenciaria que aloja o alojó a la persona durante ese trámite. Este sistema de legitimación consiste en no evaluar dequé manera la institución ha garantizado un trato digno, si se han respetado los límites en la restricción de derechos o,en caso de restringirlos, si fue o no en forma arbitraria. Son tenues los análisis respecto si en el proceso temporal para evaluar una libertad asistida o condicional, se aplicaron torturas y/o tratos crueles en forma reiterada o continua, y,como corolario de ello, si el propio evaluador ha imposibilitado que se sorteen las formas de premialidad impuestas porel régimen progresivo.

El escaso desarrollo por el derecho penal, la distancia de la doctrina como las interpretaciones literales de los textos y la única relación con el deber ser de la pena, ha colaborado en los niveles de impunidad que en esta parte delproceso se manifiestan, al punto de lograr distinguir la crueldad de las prisiones y la estructura legal de la ejecución penal y diferenciarlo como procesos que no se relacionan unos de otros. Lo que se plantea en acciones colectivas o individuales de hábeas corpus, la cantidad de demandas relegadas por los presos y presas y las condiciones carcelarias en que cumplen sus penas, no se representan como efecto de su cumplimiento ni cobran relevancia en el proceso de ejecución.

Por lo tanto, la representación de qué condiciones carcelarias definen la ejecución de la pena en cada trámite   y cuantas restricciones de derechos la vuelven más gravosa, ha permanecido negada. La capacidad de respuesta sólo ha estado sujeto al interés del Estado y, por tanto, la interpretación legal sólo se delimitó a aquella pena formal  que  el  texto legal representa y la institución informa, identificando la sanción impuesta con la pena ejecutada sujeto a  una matriz de objetividad jurídica impuesta por el tiempo lineal que regula la interpretación del proceso resocializador en plazos preestablecidos por el legislador (mitad de la condena, dos tercios, etc…).

Entiendo que el tema adquiere un altísimo nivel práctico cotidiano y el silencio en torno al problema havenido a consolidar la relativa autonomía del poder penitenciario con las normas jurídicas, escenario que rige desde la transición democrática hasta entonces, una  estructural  impunidad sobre los hechos de violencia quedefinen los sistemas penitenciarios, cuando éstos no aparecen en la escena jurídica ni en los procedimientos con la misma relevancia que las discusiones y producciones existentes sobre su sanción formal y el sistema del hecho punible.

Se revela la necesidad de tratar las prácticas ejecutivas de las penas como opuesto al modo en que son legítimamente concebidas, partiendo en la elaboración de un sistema de deslegitimación; concebir como principio general que la cuantificación primaria sufre los desfases que generan las innumerables contingencias que rodean la ejecución de una pena restrictiva de libertad 5. De  este  modo,  consideramos que el objeto de conocimiento jurídico debe atender al trato punitivo y las condiciones carcelarias que define su contenido durante el proceso vivencial en prisión, revelando aquellas manifestaciones que suelen evidenciarse como faltantes al límite formal del poder punitivo que se había fijado por la retribución legal en la sentencia.

Es por este sistema que resultaría posible generar menores niveles de impunidad con la que se aplican los sistemas penitenciarios y la forma en que formalmente se lo suelen considerar en la administración de justicia, integrando ello a  una estructura de conocimiento que posibilite regular mediante ciertas garantías sustantivas y procesales las manifestaciones cualitativas que la pena tiene durante su ejecución.

II. Propósitos

El llamado urgente a una doctrina penal que no ha abordado en forma suficiente el momento más relevante de la aplicación del poder punitivo no es nada nuevo6. El propósito de procurar ciertos dispositivos conceptuales que se integren a un novedoso sistema metodológico nos llevó al célebre texto «En busca de las penas perdidas» de zaffaroni (1989), realizando diversos seminarios que concluyera con el video de transferencia de resultados a cargo del propioRaúl como director del proyecto7. En ese libro, la referencia a las «peines perdues», que su autor utilizara parafraseando al libro de Louk Hulsman y Jacqueline Bernat de Celis, identificaba la misma situación del presente: una arbitraria delimitación discursiva que elude confrontar la «crisis» de legitimación.