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TRATAMIENTO PROCESAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR: REFLEXIONES A LA LUZ DEL MODELO ESPAÑOL

ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTEL

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESUMEN:

En el presente trabajo se abordan las principales novedades que, en relación con el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género se han incorporado a la legislación española

y ecuatoriana. Entre estas novedades, destaca el marco legal que se otorga al concepto de violencia de género y las consecuencias que se derivan de éste, en relación con la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o la orden de protección,

entre otras.

PALABRAS CLAVE:

Violencia de género. Víctima. Acceso a la justicia. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

ABSTRACT:

This work addresses the main innovations that, in relation to access to justice for victims of gender violence, have been incorporated into Spanish and Ecuadorian legislation.

Among these new developments, we can highlight the following: the legal framework that is granted to the concept of gender violence, the jurisdiction of the Courts of Violence against Women or the protective order, among others.

KEYWORDS:

Gender violence. Victim. Access to justice.

INTRODUCCIÓN

La lucha contra la violencia de género, entendida como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, es algo que viene preocupando mucho a los diferentes Estados no solo por las escalofriantes cifras a las que, aún en el momento actual, nos enfrentamos en países altamente desarrollados, sino, sobre todo, porque tal y como se afirmó en la IV Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en el año 1995; este tipo de violencia

constituye un grave atentado a los derechos humanos de las mujeres y un problema de salud pública de primera magnitud, el cual impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; estableciéndose en dicha conferencia, por primera vez, un límite a las costumbres, a las tradiciones y a la religión, de modo que éstas no se puedan esgrimir como justificación para la discriminación contra las mujeres, o para atentar contra sus vidas y sus derechos fundamentales.

Parece increíble que aun tengamos que estar luchando contra esta situación, cuando están a punto de cumplirse 70 años, desde que el 10 de diciembre de 1948 fuera adoptada y proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo Preámbulo se reafirma la fe de los pueblos en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y cuyo artículo segundo recoge que toda persona tiene todos los derechos y libertades allí proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En este sentido, no puede sino avergonzarnos el hecho de que en España, tan solo en el 2017, y con un concepto muy restringido de violencia de género, como tendremos ocasión de analizar, hayan fallecido 56 mujeres víctimas de esta violencia machista, o que en Ecuador, según datos de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, 6 de cada 10 mujeres, es decir, más de un 60 por ciento de la población total de mujeres del país, reconozcan haber vivido algún tipo de violencia de género en su vida, lo que implicaría que a más de 3 millones de mujeres ecuatorianas no se les respeta el derecho a una vida libre de violencia; este derecho, consagrado no solo en instrumentos internacionales, sino también en el propio artículo 66.3.b) de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, donde de forma específica se reconoce, dentro del derecho a la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, debiendo adoptar el Estado las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, y otros colectivos en situación de desventaja o vulnerabilidad.

De este modo, no debe extrañar que los esfuerzos para cumplir este mandato se hayan dirigido a la aprobación de diferentes instrumentos normativos, que intentan proteger a las mujeres frente a esta lacra y que, desde diferentes ámbitos, se estén llevando a cabo medidas para erradicar este tipo de violencia; ésta puede manifestarse de diferentes formas, siendo una de ellas, la que proviene de la situación de poder del hombre sobre la mujer por la mera consideración de ésta como un ser inferior, sometido a su voluntad, consideración que resulta aún más cruel y deleznable cuando este tipo de violencia se ejerce en el ámbito de la pareja.

Y me refiero a esta especifica forma, ya que al intentar abordar un análisis de Derecho comparado entre las legislaciones española y ecuatoriana, lo primero en lo que nos fijaremos será en el diferente marco conceptual que la violencia de género tiene en uno y otro país, puesto que mientras en Ecuador es mucho más amplio, en España, el concepto de violencia de género, fijado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es mucho más restrictivo, al limitarse tan solo a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.

No obstante, es intención del Legislador español ampliar dicho concepto, aproximándolo al contenido en la regulación ecuatoriana, concretamente, en la recientemente aprobada Ley

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, -en adelante la LOI-, cuyo objeto es, conforme a lo señalado en el artículo 1 de ésta: prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad; en especial cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades, definiéndose la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

En este sentido, podríamos decir que la LOI recientemente aprobada, comparte la misma filosofía que la ya citada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, por cuanto busca dar una solución eficaz a este problema, a través de una perspectiva transversal e integradora, mediante la transformación de los patrones socioculturales y los estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta violencia.

Desde nuestro punto de vista, este loable fin, recogido en el artículo 2 de la LOI ecuatoriana, es algo que no se podrá conseguir, a menos que nos enfrentemos al fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar, término que, recurriendo a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, significa que abarca o afecta a varias disciplinas, y que nosotros sustituiríamos por el término interdisciplinar; es decir, y también, recurriendo a su definición de la RAE, que se realiza con la cooperación de varias disciplinas, ya que desde nuestra opinión, el enfoque no debe simplemente abarcar a diferentes ámbitos: el social, el educativo, el sanitario, o el jurídico, entre otros; sino que lo que debe es realizarse con una estrecha cooperación entre todos ellos, ya que el fenómeno de la violencia ejercida contra las mujeres tiene múltiples frentes y requiere de una actuación conjunta de todos los agentes implicados en su erradicación.

Realizada esta necesaria declaración de intenciones, y ante la imposibilidad de analizar todos los ámbitos sobre los que se debería intervenir, nos centraremos en este trabajo en el marco jurídico de lo que en España recibe el nombre de violencia de género y que en Ecuador es llamado, con mayor precisión: violencia sobre la mujer o violencia de género contra la mujer, siendo nuestro objetivo principal llevar a cabo un análisis comparado de las regulaciones de ambos países, en el marco de la protección procesal penal que reciben las víctimas de este tipo de violencia.

Consideramos que las mujeres que padecen este tipo de violencia sufren un continuo atentado contra su dignidad como persona y, por ende, contra los derechos que le son reconocidos, no solo en la ya mencionada Constitución ecuatoriana o en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también en otros instrumentos internacionales sobre la materia, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en Nueva York; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belem de Pará que, aparte de prohibir este tipo de conductas basadas en el género, impone a los Estados la obligación de adoptar, por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de este tipo de violencia.

Ámbito conceptual de la violencia de género

La primera cuestión que debemos abordar al iniciar el estudio de este fenómeno, y que supone, como se ha dicho, una de las principales diferencias entre nuestras legislaciones, es precisamente la de su denominación jurídica, ya que en Ecuador se habla de violencia contra las mujeres o de violencia de género contra las mujeres, mientras que en España se habla tan solo de violencia de género, limitándola, como ya también tuvimos ocasión de señalar, a aquélla que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

En este sentido, nos parece mucho más acertada la denominación ecuatoriana, sin duda más amplia que la española y que parece ser la tendencia a la que irán encaminadas las reformas legislativas, que pensamos que deberán tener lugar en España, a raíz de la aprobación, el pasado 27 de septiembre de 2017, del llamado Pacto de Estado sobre la Violencia de Género y que entre el conjunto de medidas destinadas a lograr una mayor eficacia en la lucha contra la violencia de género, propone la modificación de algunas normas de carácter penal y procesal que, de una u otra forma, variarán el régimen actual de acceso a la justicia, por parte de las víctimas de violencia de género, entre ellas, el ámbito de aplicación del propio concepto.

Así, tras escuchar a una serie de expertos y expertas en violencia contra las mujeres, los diferentes grupos parlamentarios recogieron un conjunto de propuestas de actuación, entre las que se incluye, específicamente, la de ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres, contenidos en el Convenio de Estambul, haciendo referencia expresa no solamente a la ejercida por el varón que sea o haya sido cónyuge o que esté o haya estado ligado a la víctima por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, sino a otras muchas más, tales como la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en aquellos casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la actual Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género.

Comentario ( 1 )

  1. Henry López
    Excelente artículo profesor Adan